INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ALCANCE GENERAL. Inspección General de Justicia que rechaza el recurso de apelación que la sociedad dedujo en los términos del artículo 16 de la Ley 22.315 contra las Resoluciones Generales 25/2020 y 27/2020 de ese organismo. Recurrente que deduce queja. Inspección que, por vía de las resoluciones atacadas, conminó a los clubes de campos y a todos los conjuntos inmobiliarios que se encontraran organizados -como ocurre con la actora- bajo forma de sociedad, para que cumplieran con las previsiones del artículo 2075 del Código Civil y Comercial, anunciándose que, en caso contrario, se aplicarían las sanciones allí previstas y que no se inscribirían los actos que emanaran de esas sociedades. NORMATIVA CUESTIONADA QUE ESTABLECE UNA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA DE LA LEY DE SOCIEDADES. INTERVENCIÓN DE ESTA CÁMARA QUE SE ENCUENTRA HABILITADA PORQUE SE TRATA DE UNA MATERIA QUE INTEGRA LA COMPETENCIA QUE LE ES PROPIA. Competencia que no puede serle sustraída con el argumento de que hay un organismo administrativo que se ha expedido con carácter general sobre esas normas que son, precisamente, las que este tribunal debe aplicar cuando se expide acerca de esas materias que hacen a su competencia. Conclusión que prescinde de la evidencia de que el fuero contencioso administrativo está llamado a intervenir cuando la cuestión debatida involucra el derecho administrativo, que no es el que aquí interesa. Supuesto, en el caso, que exige dilucidar si aquella interpretación de la ley común que efectuó el organismo es o no correcta. Se hace lugar a la queja y, en consecuencia, se concede el recurso de apelación deducido.